En el marco del libro “Observatorio del Ciclo del Agua 2024” (Atelier, 2025), Christian Rojas Calderón publica una crónica exhaustiva sobre el estado del Derecho de Aguas en Chile durante el año 2024, año clave para la implementación normativa de la gran reforma al Código de Aguas de 2022 (Ley N° 21.435). La obra describe un proceso de ajustes institucionales que inaugura una “nueva época” del Derecho de Aguas chileno, centrada en el carácter público del recurso, el interés ecosistémico y la reconceptualización de los derechos de aprovechamiento bajo una lógica de temporalidad y sujeción a condiciones.
Además de examinar la entrada en vigor de nuevas normas como Ley N° 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises, y la Ley N° 21.671 que busca agilizar la entrada en vigencia de decretos de zona de escasez hídrica, el artículo analiza el protagonismo creciente de los tribunales en el control de legalidad de los actos administrativos de la DGA, así como el papel relevante de la Contraloría General de la República en la revisión de actos reglamentarios emitidos fuera del marco legal.
Uno de los ejes centrales del trabajo es el análisis de la potestad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA). El autor examina los datos acumulados entre 2018 y 2023, revelando un incremento sostenido de expedientes sancionatorios —principalmente de oficio—, concentrados en infracciones como extracciones no autorizadas, obras ilegales en cauces y deficiencias en el monitoreo. Si bien estas cifras podrían interpretarse como una señal de mayor vigilancia, el artículo advierte que reflejan más bien un bajo cumplimiento estructural de la normativa, lo que plantea serios desafíos de gobernanza.
Rojas critica el enfoque excesivamente sancionador del Servicio, que ha desatendido otras facultades ordenadoras o preventivas. También destaca la existencia de deficiencias estructurales en los fundamentos de las fiscalizaciones y sanciones, las que han sido advertidas tanto por la Contraloría (Informe N° 265/2021 y Dictamen E529150/2024) como por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ha calificado la conducta de la DGA como “errática e incongruente”. En este sentido, se cuestiona la legalidad de diversas resoluciones y circulares que exceden las atribuciones regladas del órgano.
El autor concluye que la potestad fiscalizadora, siendo esencial para el cumplimiento efectivo del nuevo modelo de gestión hídrica, debe ejercerse con mayor rigor jurídico, proporcionalidad y coherencia, alineándose con los principios de legalidad, debida motivación y eficiencia administrativa.
El artículo completo está disponible en la obra “Observatorio del Ciclo del Agua 2024”, publicado por editorial Atelier (Barcelona), adjunto en este enlace
