En “Claves regulatorias ambientales” del Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica, publicado en mayo pasado, nuestra asociada María Luisa Baltra Vergara aborda las modificaciones al Código de Aguas de Chile incluidas en el Boletín N°16566-03, que introduce una ley marco de autorizaciones sectoriales y cambios en diversos cuerpos legales. Estas reformas buscan mejorar la permisología ambiental en respuesta a problemas como el estancamiento económico y la necesidad de una regulación más eficiente y transparente. En los fundamentos del proyecto se destaca la importancia de simplificar y agilizar los procesos de otorgamiento de autorizaciones sectoriales, reduciendo los tiempos de tramitación y aumentando la certeza jurídica.
En primer lugar, el trabajo de María Luisa identifica la necesidad de una reforma integral debido a la falta de eficiencia y coordinación en los procesos de autorización sectorial. Se menciona que las normas actuales no consideran todo el marco jurídico vigente, lo que dificulta la identificación de requisitos y procedimientos necesarios. La ausencia de instancias de revisión y coordinación entre los órganos de la Administración del Estado también se destaca como un problema importante.
En segundo lugar, se presentan siete pilares fundamentales del proyecto de ley, que incluyen un marco normativo común, un sistema de regulación y evaluación sectorial, un servicio dedicado a estas funciones, instrumentos para la regulación estandarizada, un sistema de información unificado, mecanismos de mejora regulatoria y modificaciones a otros cuerpos normativos sectoriales. Estos pilares están diseñados para mejorar la tramitación de autorizaciones, aumentar la transparencia y reducir los tiempos de respuesta.
En tercer lugar, el documento se enfoca en las modificaciones específicas al Código de Aguas, especialmente en lo que respecta a la publicidad de las solicitudes de derechos de agua. Estas modificaciones consisten en cambios para reducir los plazos y simplificar los procedimientos de publicación, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Sin embargo, advierte la autora, estas modificaciones podrían afectar negativamente a los usuarios de aguas, especialmente a aquellos con menos acceso a internet y recursos.
En cuarto lugar, el documento subraya la importancia de mantener la transparencia y accesibilidad en los procedimientos de autorización. Se argumenta que las propuestas de reducir los plazos y cambiar los días específicos de publicación en el Diario Oficial pueden disminuir el nivel de protección de los titulares de derechos de agua. La falta de infraestructura y capacidad en la Dirección General de Aguas para cumplir con estos nuevos plazos también se menciona como una preocupación.
Finalmente, nuestra asociada concluye que, aunque las modificaciones al Código de Aguas y el establecimiento de un marco normativo común son necesarios para mejorar la permisología ambiental en Chile; es crucial que estas reformas no comprometan el acceso a la información y la protección de los derechos de los usuarios de aguas. Asimismo, destaca la necesidad de una implementación cuidadosa y coordinada que considere las limitaciones actuales de los organismos encargados y que mantenga un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
